El acceso a la Información pública es un derecho ciudadano

Es sabido que hay numerosas sentencias de la Sala Constitucional que tutelan el acceso a la información pública. Sin embargo este acceso requiere de una ley para poder asegurar elementos esenciales que NO están asegurados ahora:

1.- DERECHO REAL CIUDADANO: No se debe tratar como un tema de libertad de prensa o desde la perspectiva de los recursos de que disponemos los abogados. La información pública es propiedad de los ciudadanos y el acceso es un derecho que pertenece a la ciudadanía igualmente. Para que pueda ser ejercido por la ciudadanía debe haber un esquema de autoridad y una política pública que faciliten el acceso. Hoy no lo hay.

2.- DENUNCIA Y PARTICIPACIÓN: Es cierto que la prensa es la que históricamente ha accedido a la información pública con más frecuencia, pero la denuncia no es la única razón por la que se puede requerir información pública. La participación ciudadana en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas también requiere de información pública. La información pública abre el diálogo gobierno – ciudadanía. Hoy ese diálogo no se da pues el insumo (información pública) no está servido, hay que pedirlo.

3.- SOLIDEZ NORMATIVA: Una directriz o un conjunto de resoluciones judiciales no es una norma que asegure ese derecho, de la misma forma que no lo sería en ningún otro derecho de rango constitucional. Las directrices son instrumentos revocables por cualquier gobierno y solo afectaría al Ejecutivo. La jurisprudencia puede variar, o puede haber criterio fuera de la tendencia establecida. El instrumento idóneo para dar órdenes al Estado es una ley.

4.- MATERIAS MÍNIMAS: Una ley de acceso a la información permite delimitar materias en las que debe de haber una publicación proactiva de información, sin que un gobierno pueda variar ese ámbito a su conveniencia si algo anda mal en alguna de esas materias. No se trata solo del Secreto de Estado. Es exigir que la información sea publicada sin esperar a que sea solicitada. Es eliminar la posibilidad de maquillar información, o que sea revelada parcialmente para que no puedan hacerse cruces de datos.

5.- ACCESO REAL: Una ley permite exigirle al gobierno que siempre esa información esté disponible y se pueda acceder a ella realmente por cualquier ciudadano. Cajas y cajas de información que sólo un periodista pagado tiene tiempo de examinar o entender no es un derecho real. Nos permite garantizar el derecho a utilizar esa información acudiendo a licencias libres y con libertad de destino o finalidad, y eso podría hasta interesarle a la prensa para que no haya reclamos de propiedad de esa información o alegatos de uso indebido.

6.- INTEROPERABILIDAD: Una ley nos permite exigir que la información sea publicada en un formato libre, sin estar necesariamente amarrado a programas informáticos de alguna empresa en particular. Y esto no es una lucha rebelde contra Microsoft: es que son muchas las historias de información pública a la que no puede acceder ni el Estado porque se hizo en un sistema que ya nadie tiene.  La interoperabilidad es un deber esencial que debe de exigirse al Estado por medio de una ley.

7.- UNA LEY NO ES LA ÚNICA POLÍTICA PÚBLICA: Sí coincido con La Nación en que si hay un compromiso real con la transparencia, pueden diseñarse y ejecutarse otras políticas públicas. Por ejemplo, podría promover una política de datos abiertos inicial para ir estableciendo uniformidad, mejorar la presentación para facilitar la comprensión de información ya publicada como en el caso de presupuestos públicos, terminar de publicar la metodología que ya se trabajó para crear un índice de transparencia nacional o publicar un decreto en el que se exija que por lo menos en el Ejecutivo todas las actas deben de ser publicadas. Nada de esto se ha hecho según el informe de evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y fueron compromisos del Plan de Acción del año 2013 que siguen pendientes.

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que necesitamos una ley de acceso a la información pública que garantice, no que limite, ese derecho.