La salud masculina desapercibida

Desde 2013, por mandato de la ley 9172, hoy 1 de junio es el día de la salud masculina y creo que está pasando desapercibido.

No he encontrado nada ni en el perfil de twitter del Ministerio de Salud (a las 9:00 a.m. de hoy), ni en el de Facebook. No hay nada en el sitio web del Ministerio de Salud, y en twitter, la búsqueda “Salud masculina” arroja dos resultados de la simple efemérides y un anuncio de la cura final y definitiva de la disfunción eréctil. Eso es todo.

Ni siquiera en un perfil que se caracteriza por luchar por la igualdad de derechos de los hombres veo nota alguna.

En 2014, la CCSS externó su preocupación por la salud masculina. La Presidencia Ejecutiva manifestó en ese momento que “ es urgente que la CCSS piense en que los hombres son más allá que una próstata y ofrecerle una oferta de servicios de acuerdo con sus necesidades, es decir, desde su masculinidad. “ (De la misma forma que es necesario que la industria farmacéutica piense que los hombres como más que un pene, agregaría yo.)

Es interesante ver que citan como barreras para el acceso a los servicios médicos la “Idea social de que la familia depende económicamente del hombre (hombre proveedor): la familia depende económicamente del hombre, así que no debe mostrar signo de debilidad.” En realidad más que una idea social es una obligación legal del artículo 35 del Código de Familia: “Artículo 35.- El marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa está obligada a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos propios.” Y no me molesta, puede quedarse así, pero es necesario decirlo.

Independientemente de que haya o no alguna nota por ahí que no haya encontrado, hay situaciones reales que afectan a la salud (física y mental) de la población masculina.

Éstas deben ser atendidas desde sus necesidades y realidades específicas y no por ser hombres, sino por ser personas. Ya va siendo hora que dejemos de lado esos enfoques sectarios: los derechos son de las personas y adecuados a la realidad de cada quien para permitir un ejercicio efectivo. Y deben ser defendidos por todas las personas, hombres y mujeres, en el tanto a todas las personas nos afecten estas situaciones. Por ejemplo, este proyecto de ley fue presentado por una diputada.

Es necesario impulsar desde la sociedad civil y con mejor comunicación, la visibilización de las problemáticas que esta población enfrenta y compartir los mejores medios de enfrentarlas.

No se trata de un llamado, como es usual, a que simplemente se incremente el gasto en salud. No se trata de eso. Se trata de que desde las poblaciones afectadas podamos contar con datos certeros sobre nuestras problemáticas y que podamos entre todas las personas, abordar esas situaciones de la mejor forma y haciendo el mejor uso de los recursos.

¿Hay datos sobre salud masculina que deberían ser generados o publicados, y actualmente no lo son?

¿Hay políticas públicas que no se están ejecutando, o que están siendo ejecutadas eficientemente, para atender a esta población?

¿Usted cumple con su deber de participación ciudadana en organizaciones formales o colectivos que trabajen estos temas? (Sé de WEM, pero no de otras que seguramente habrá)

La primera responsabilidad siempre es personal. No la deleguemos si no queremos luego sentirnos excluidos.

El Mesías de La Platina

Esta semana por fin tuvimos puente.

Luego de 12 años desde que se apareció “La Platina” (2009), quizás más de 35 años luego de agotada la vida útil del anterior puente, luego de todo tipo de postergaciones, y luego de varias semanas desde la última fecha de atraso, que fue varias semanas luego de la fecha originalmente prometida bajo pena de despido del Ministro, tuvimos puente.

(Foto Nacion. com)

Es una obra titánica que merece su lugar en la historia. Lo malo es que la historia en la que se enmarca es una de décadas de errores, corrupción y mediocridad, y de la que participamos todos desde la tristeza y resignación de que nada puede hacerse. En la que vivimos en el confort de que son otros los que logran las cosas.

Y claro, como son otros siempre, es que últimamente se escuchan voces, hasta de personas inteligentes, pero abrumadas por la tristeza, de que ocupamos un Mesías que nos saque de este pantano.

Ya hemos aceptado que nada camina y que nuestro Estado es incapaz.

“...durante décadas hemos estado con préstamos aprobados que por incapacidad del Estado hemos tenido que pagar, porque está consignado ese pago en los contratos de los bancos, y nosotros hemos sido incapaces de cumplir.”, dice nuestro Presidente. “... (N)i la Unops, ni el médico chino puede resolver problemas que tiene nuestra realidad nacional”, agrega. Aún más, se pregunta: “¿Cuántos carteles equivocadamente ha hecho el Conavi o el MOPT a lo largo de su historia? ¿Cuántos contratos mal hechos? ¿Cuántas concesiones mal hechas?“

Y sin embargo, no es un Mesías lo que ocupamos. Ni uno que haga el puente, ni uno que prometa acabar con la corrupción y la criminalidad, aunque no haya dicho ni una vez de qué forma ni con el apoyo de quién. Porque el liderazgo es formar equipo.

Este puente debió de ser el símbolo de que como país somos capaces de ver más allá y de hacer cosas grandes. Pero si seguimos buscando Mesías no podemos ver lo que está frente a nuestras narices.

La idolatría del puente nuevo (o el fanatismo de desmerecer el logro) nos impide ver dos cosas muy importantes:

• No es un puente, son dos. Como siempre, Yolanda Oreamuno sigue siendo la gran olvidada.
• Y ambos puentes, Alfredo González Flores y Yolanda Oreamuno se hicieron sin UNOPS, que ha traído poca transparencia y menos eficiencia.  Se hicieron con licitación y préstamo.

Hubiera sido el momento de hacer una nueva marca país. No de la naturaleza que la Creación nos dió, sino de lo que somos capaces de hacer con nuestras manos.

Era el momento de elevar la moral de quienes en las instituciones tratan de hacer bien las cosas. De motivarnos a cada uno de nosotros como parte que somos de ese engranaje que debe ser una sociedad. De decir: Sí, podemos entre todos.

Pero no se hizo.

Seguimos condenados al Mesías solitario que camina por el barandal, desapercibido por carros que a alta velocidad se hunden en la noche de la rutina diaria.

La velocidad del cambio no es la de la adaptación

Esta es una certificación de la inscripción de un nacimiento en 1923

Y esta la inscripción de la defunción de esa misma persona en 1972

Pasaron casi 50 años, toda (corta) su vida y las inscripciones y procesos administrativos eran casi idénticos, con la única diferencia de la preimpresión de los campos a rellenar del asiento registral.

Todas las personas tienen capacidad de adaptarse a los cambios, claro que en distinta medida y dependiendo de la magnitud del cambio.

Movimientos globales como el del gobierno abierto, el acceso a los datos abiertos, y el gobierno digital, exigen una relación y un liderazgo muy distintos de los gobiernos y organizaciones.

Pero al fin y al cabo no se trata más que de personas y, de nuevo, las personas tienen distintas capacidades para adaptarse al cambio, más aún si el cambio es dramático.

Cuando queramos que alguien se adapte al mundo actual, sea un adulto mayor al Whatsapp, una persona adulta cualquiera a los datos abiertos y la automatización de procesos, puede servirnos observar lo que sucede en Internet en un minuto.

Tomado de: http://www.expansion.com/economia-digital/2016/04/21/5718a79a22601d8d028b4647.html

Si queremos que alguien dimensione que EN UN MINUTO se envían y reciben 150 millones de correos electrónicos, debemos tener presente que quizás esa es la cantidad de oficios que se expidieron en todas las oficinas de gobierno, de todo el país, durante toda la vida de ese funcionario que firma la defunción de 1972.

CODESA sigue viviendo en espíritu

Hay un capítulo muy triste de nuestra historia fiscal y se llama CODESA.

En 1972 se creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), que dio lugar a un experimento que se llamó el Estado Empresario, desarrollando actividades como Cementos del Pacífico, Cementos del Valle, Central Azucarera del Tempisque y Aluminios Nacionales, entre otras.

Las personas de edad más joven no recuerdan esta aventura que implicó miles de millones de colones en pérdidas, unos quince mil millones hasta su liquidación en 1996. Y no son colones de hoy, sino de colones de los años 90. Esas pérdidas se pagaron mediante bonos del Ministerio de Hacienda, es decir, se pagaron con deuda pública.

Veo con suma preocupación que este monstruo fiscal, hijo del desperdicio de fondos públicos, esté despertando de nuevo, ahora de la mano de la ausencia de transparencia.

Ya desde hace algún tiempo los Bancos Públicos y el Instituto Costarricense de Electricidad vienen participando de millonarios negocios por medio de fideicomisos, ante los que la Contraloría ha manifestado su preocupación por la separación de las normas de contratación pública que pueden estar implicando. Algunos casos concretos han sido discutidos por la Contraloría, pues el ICE sostenía su negativa a someter a refrendo de este ente contralor un contrato de fideicomiso.

Luego han venido las contrataciones de grandes negocios entre empresas públicas, evadiendo las normas de la contratación pública.

Conocemos el caso de la contratación de la ESPH por parte del Ministerio de Hacienda, para desarrollar e implementar el sistema de factura electrónica, habiendo girado invitación a RACSA y a la ESPH para que participaran en la contratación sin promover una licitación pública, basándose en una interpetación que hacen del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa para evadir la aplicación de esta ley.

Ahora el Registro Civil, sabemos que ha contratado las nuevas cédulas a un consorcio entre el ICE y una empresa privada, y se denuncia que hubo cambios en la contratación, ya adjudicada, que implicaron mayor costo.

Lo más preocupante de esto es que no ha habido suficiente transparencia y hay una actitud activa más bien de negarla.

Ha habido situaciones tan graves como la vinculación de una persona miembro de la Junta del BNCR y BICSA con una causa por presunta legitimación de capitales, la alerta del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de la vulnerabilidad de BICSA frente al lavado de dinero y la falta de transparencia generalizada del sector financiero costarricense, o la aparente estafa de Yamber, s.a., contra al menos un Banco Público.

Y sin embargo, se avanza en fortalecer la opacidad:

El ICE niega acceso a sus Estados Financieros del Sector Telefonía Móvil (y por ende RACSA), pretende confidencialidad sobre sus finanzas hasta el punto de llegar a demandar a la Contralora, Marta Acosta, por revelar información ante la Comisión Legislativa de Control y Gasto Público.

El BCR coloca barreras a la información pública que entrega, para que ésta no pueda ser analizada mediante herramientas informáticas con el amparo de la Sala Constitucional, la que además ha amparado el derecho del Banco Central, de ocultar bajo cuáles criterios es que se maneja la política pública de intervención oportuna en el mercado cambiario.

La ecuación es muy simple: Negocios con fondos públicos + Evasión de las normas de Contratación Pública + Actitud decidida de ocultamiento de la información.

El resultado no será otro que el que ha sido en el pasado. Y no podemos, de nuevo, cometer ese error.

Los datos impiden dar la espalda.

Una razón por la que abogo por los #datosabiertos es por el poder que tienen para dificultar darle la espalda a realidades de la vida que desconocemos, o que queremos ignorar.

Visibilizar realidades es el primer paso para cuestionarlas, diálogo del que debe surgir como conclusión una acción.

Me gustaría mucho poder contar con datos sobre cuántas personas han sido víctimas de maltratos o de discriminación, o  poder saber cuántas personas han sido obligadas a renunciar a los derechos que le otorga la convivencia en pareja, o han sido expulsados de sus casas a causa de su orientación sexual. Cuántas personas han limitado su potencial porque han sido objeto de burlas o humillaciones en el discurso humorístico usual. Cuántas personas, bajo el peso de valores familiares o hasta religiosos que no comparten han debido limitar su vida y viven en soledad o frustración. Aún estamos en deuda con esta población y necesitamos datos abiertos para visibilizar esta realidades que sufren.

Podemos ir aún más allá.

Quisiera datos para poder visibilizar cuántas personas han dejado de hacer actividades porque por edad, enfermedad o un accidente sus capacidades físicas les impiden desplazarse con seguridad por las pocas existentes aceras. Poder saber cuántas personas han dejado de salir de sus casas porque no pueden tomar un autobús a causa de la lentitud con la que se ha aplicado la legislación de accesibilidad en el transporte público. Cuántos metros de este país del que tanto nos enorgullecemos están prohibidos para quienes no poseen la movilidad perfecta. Cuántos procesos por mal estado o inexistencia de aceras se han tramitado en las municipalidades, y qué impacto tienen sanciones de multa a los incumplientes, para poder estudiar si es conveniente ajustarlas a montos que presionen por un mejor cumplimiento de los deberes ciudadanos de con la accesibilidad.

Me encantaría poder disponer de datos acerca del porcentaje de información que es inaccesible para la población con necesidades auditivas o visuales especiales. Saber qué porcentaje de nuestras normas y resoluciones judiciales son incomprensibles para cualquiera sin una formación legal, aunque muchos descansamos cómodamente en el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley.¿Qué porcentaje de la información pública es inútil porque está guardada en la gaveta del temor del funcionario público del orgullo que alguien que no quiere perder poder?

Esto no debe tratarse solamente como una discusión legal. 

Es una discusión social, de convivencia inclusiva. Es el deber que tenemos de pensar siempre en otras personas no que tienen las mismas capacidades que nosotros o que simplemente no son como nosotros, pero que es nuestro deber hacer más accesible e inclusivo el mundo para todos.

El acceso a la Información pública es un derecho ciudadano

Es sabido que hay numerosas sentencias de la Sala Constitucional que tutelan el acceso a la información pública. Sin embargo este acceso requiere de una ley para poder asegurar elementos esenciales que NO están asegurados ahora:

1.- DERECHO REAL CIUDADANO: No se debe tratar como un tema de libertad de prensa o desde la perspectiva de los recursos de que disponemos los abogados. La información pública es propiedad de los ciudadanos y el acceso es un derecho que pertenece a la ciudadanía igualmente. Para que pueda ser ejercido por la ciudadanía debe haber un esquema de autoridad y una política pública que faciliten el acceso. Hoy no lo hay.

2.- DENUNCIA Y PARTICIPACIÓN: Es cierto que la prensa es la que históricamente ha accedido a la información pública con más frecuencia, pero la denuncia no es la única razón por la que se puede requerir información pública. La participación ciudadana en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas también requiere de información pública. La información pública abre el diálogo gobierno – ciudadanía. Hoy ese diálogo no se da pues el insumo (información pública) no está servido, hay que pedirlo.

3.- SOLIDEZ NORMATIVA: Una directriz o un conjunto de resoluciones judiciales no es una norma que asegure ese derecho, de la misma forma que no lo sería en ningún otro derecho de rango constitucional. Las directrices son instrumentos revocables por cualquier gobierno y solo afectaría al Ejecutivo. La jurisprudencia puede variar, o puede haber criterio fuera de la tendencia establecida. El instrumento idóneo para dar órdenes al Estado es una ley.

4.- MATERIAS MÍNIMAS: Una ley de acceso a la información permite delimitar materias en las que debe de haber una publicación proactiva de información, sin que un gobierno pueda variar ese ámbito a su conveniencia si algo anda mal en alguna de esas materias. No se trata solo del Secreto de Estado. Es exigir que la información sea publicada sin esperar a que sea solicitada. Es eliminar la posibilidad de maquillar información, o que sea revelada parcialmente para que no puedan hacerse cruces de datos.

5.- ACCESO REAL: Una ley permite exigirle al gobierno que siempre esa información esté disponible y se pueda acceder a ella realmente por cualquier ciudadano. Cajas y cajas de información que sólo un periodista pagado tiene tiempo de examinar o entender no es un derecho real. Nos permite garantizar el derecho a utilizar esa información acudiendo a licencias libres y con libertad de destino o finalidad, y eso podría hasta interesarle a la prensa para que no haya reclamos de propiedad de esa información o alegatos de uso indebido.

6.- INTEROPERABILIDAD: Una ley nos permite exigir que la información sea publicada en un formato libre, sin estar necesariamente amarrado a programas informáticos de alguna empresa en particular. Y esto no es una lucha rebelde contra Microsoft: es que son muchas las historias de información pública a la que no puede acceder ni el Estado porque se hizo en un sistema que ya nadie tiene.  La interoperabilidad es un deber esencial que debe de exigirse al Estado por medio de una ley.

7.- UNA LEY NO ES LA ÚNICA POLÍTICA PÚBLICA: Sí coincido con La Nación en que si hay un compromiso real con la transparencia, pueden diseñarse y ejecutarse otras políticas públicas. Por ejemplo, podría promover una política de datos abiertos inicial para ir estableciendo uniformidad, mejorar la presentación para facilitar la comprensión de información ya publicada como en el caso de presupuestos públicos, terminar de publicar la metodología que ya se trabajó para crear un índice de transparencia nacional o publicar un decreto en el que se exija que por lo menos en el Ejecutivo todas las actas deben de ser publicadas. Nada de esto se ha hecho según el informe de evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y fueron compromisos del Plan de Acción del año 2013 que siguen pendientes.

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que necesitamos una ley de acceso a la información pública que garantice, no que limite, ese derecho.

La desconexión ciudadana

El Gobierno es una estructura formal, que ha evolucionado con el paso de los años tratando de ser, cada vez más, una herramienta de mejor provecho para la ciudadanía.

Y sin embargo, hay constantes críticas, grandes retos por la complejidad de los intereses sociales diversos en juego y crecientes pérdidas de confianza. De hecho, según CNN, en EEUU la confianza en el Gobierno estaba en su punto más bajo histórico. Sólo un 13% de los encuestados indican confiar en el gobierno siempre o la mayoría del tiempo. Los datos de OCDE van en el mismo sentido globalmente. En nuestro país, entre el Estado de La Nación y el Tribunal Supremo de Elecciones han alertado sobre el alto abstencionismo.

Sin embargo, en el fondo la discusión no debería ser sobre la pérdida de confianza o la apatía electoral. El problema de fondo es la desconexión profunda entre la población y sus autoridades.

Hay una desconexión profunda entre ciudadanos y Gobierno, pero en vista de que sabemos que el Gobierno debe de resolver las cuestiones públicas, no nos queda más que seguir solicitándole que actúe.

Pero, ¿realmente esa es la única opción?

La Alianza para el Gobierno Abierto, lanzó en 2011 un nuevo reto: crear gobiernos más transparentes, y más dispuestos a la participativos y colaboración ciudadanas.

Este reto en apariencia es para los Estados, para sus Gobiernos, pero en realidad abarca a la ciudadanía.

Es cierto que se exige que haya cumplimiento de ciertos estándares, pero el objetivo realmente es crear gobiernos más abiertos no sólo para conocer así la información que producen, recolectan y almacenan, y su actuación constante, sino para involucrar a la ciudadanía en la fabricación y toma de decisiones.

Las Administraciones Públicas tienen enormes restricciones en la toma de decisiones, desde barreras legales (a veces sustentadas más en tradiciones legales más que en normas expresas) hasta financieras (con presupuestos rígidos y con una altísima impopularidad al aumento de ingresos).

Es ahí en donde el Gobierno Abierto viene a crear un espacio de diálogo permanente entre el Gobierno y la Ciudadanía. No como enemigos sino como contrapartes en un objetivo común.

Pero así como se le exige al Gobierno muchos cambios, incluyendo crear esos espacios de participación, la Ciudadanía debe aportar una participación de buena fe y con la aceptación de que es un proceso de cambio de mentalidades en los funcionarios públicos.

Algunos gobiernos nacionales y locales, poderes del estado, así como algunas instituciones y otros entes públicos han dado el cambio y han entendido que no hay marcha atrás. La interconexión, gracias a las redes de comunicación virtuales, no se detiene.

Han comprendido que el futuro no puede ser sino más transparente, más participativo y más colaborativo y lo que buscan es cómo lograrlo, apoyándose en las Tecnologías de Información y en otros medios no virtuales de participación presencial (esenciales mientras se reduce la brecha digital).

Pero otros aún tienen rechazos y objeciones. Más fundados en el desconocimiento que en una verdadera voluntad de ser opacos.

El reto es de los Gobiernos, cierto, pero como ciudadanos debemos dar el primer paso. Debemos acudir a las oficinas públicas a recordarles a los funcionarios que ellos también son ciudadanos y que todos, ellos y nosotros nos merecemos un Gobierno eficiente y transparente. Un Gobierno que les haga sentir orgullosos a sus funcionarios. Un Gobierno que de servicios públicos de calidad, oportunos y transformadores del tejido social.

En esta desconexión alguien tiene que tomar la iniciativa de romper el silencio y la distancia para crear puntos de contacto. No esperemos a que otros lo hagan.