Los datos impiden dar la espalda.

Una razón por la que abogo por los #datosabiertos es por el poder que tienen para dificultar darle la espalda a realidades de la vida que desconocemos, o que queremos ignorar.

Visibilizar realidades es el primer paso para cuestionarlas, diálogo del que debe surgir como conclusión una acción.

Me gustaría mucho poder contar con datos sobre cuántas personas han sido víctimas de maltratos o de discriminación, o  poder saber cuántas personas han sido obligadas a renunciar a los derechos que le otorga la convivencia en pareja, o han sido expulsados de sus casas a causa de su orientación sexual. Cuántas personas han limitado su potencial porque han sido objeto de burlas o humillaciones en el discurso humorístico usual. Cuántas personas, bajo el peso de valores familiares o hasta religiosos que no comparten han debido limitar su vida y viven en soledad o frustración. Aún estamos en deuda con esta población y necesitamos datos abiertos para visibilizar esta realidades que sufren.

Podemos ir aún más allá.

Quisiera datos para poder visibilizar cuántas personas han dejado de hacer actividades porque por edad, enfermedad o un accidente sus capacidades físicas les impiden desplazarse con seguridad por las pocas existentes aceras. Poder saber cuántas personas han dejado de salir de sus casas porque no pueden tomar un autobús a causa de la lentitud con la que se ha aplicado la legislación de accesibilidad en el transporte público. Cuántos metros de este país del que tanto nos enorgullecemos están prohibidos para quienes no poseen la movilidad perfecta. Cuántos procesos por mal estado o inexistencia de aceras se han tramitado en las municipalidades, y qué impacto tienen sanciones de multa a los incumplientes, para poder estudiar si es conveniente ajustarlas a montos que presionen por un mejor cumplimiento de los deberes ciudadanos de con la accesibilidad.

Me encantaría poder disponer de datos acerca del porcentaje de información que es inaccesible para la población con necesidades auditivas o visuales especiales. Saber qué porcentaje de nuestras normas y resoluciones judiciales son incomprensibles para cualquiera sin una formación legal, aunque muchos descansamos cómodamente en el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley.¿Qué porcentaje de la información pública es inútil porque está guardada en la gaveta del temor del funcionario público del orgullo que alguien que no quiere perder poder?

Esto no debe tratarse solamente como una discusión legal. 

Es una discusión social, de convivencia inclusiva. Es el deber que tenemos de pensar siempre en otras personas no que tienen las mismas capacidades que nosotros o que simplemente no son como nosotros, pero que es nuestro deber hacer más accesible e inclusivo el mundo para todos.

El acceso a la Información pública es un derecho ciudadano

Es sabido que hay numerosas sentencias de la Sala Constitucional que tutelan el acceso a la información pública. Sin embargo este acceso requiere de una ley para poder asegurar elementos esenciales que NO están asegurados ahora:

1.- DERECHO REAL CIUDADANO: No se debe tratar como un tema de libertad de prensa o desde la perspectiva de los recursos de que disponemos los abogados. La información pública es propiedad de los ciudadanos y el acceso es un derecho que pertenece a la ciudadanía igualmente. Para que pueda ser ejercido por la ciudadanía debe haber un esquema de autoridad y una política pública que faciliten el acceso. Hoy no lo hay.

2.- DENUNCIA Y PARTICIPACIÓN: Es cierto que la prensa es la que históricamente ha accedido a la información pública con más frecuencia, pero la denuncia no es la única razón por la que se puede requerir información pública. La participación ciudadana en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas también requiere de información pública. La información pública abre el diálogo gobierno – ciudadanía. Hoy ese diálogo no se da pues el insumo (información pública) no está servido, hay que pedirlo.

3.- SOLIDEZ NORMATIVA: Una directriz o un conjunto de resoluciones judiciales no es una norma que asegure ese derecho, de la misma forma que no lo sería en ningún otro derecho de rango constitucional. Las directrices son instrumentos revocables por cualquier gobierno y solo afectaría al Ejecutivo. La jurisprudencia puede variar, o puede haber criterio fuera de la tendencia establecida. El instrumento idóneo para dar órdenes al Estado es una ley.

4.- MATERIAS MÍNIMAS: Una ley de acceso a la información permite delimitar materias en las que debe de haber una publicación proactiva de información, sin que un gobierno pueda variar ese ámbito a su conveniencia si algo anda mal en alguna de esas materias. No se trata solo del Secreto de Estado. Es exigir que la información sea publicada sin esperar a que sea solicitada. Es eliminar la posibilidad de maquillar información, o que sea revelada parcialmente para que no puedan hacerse cruces de datos.

5.- ACCESO REAL: Una ley permite exigirle al gobierno que siempre esa información esté disponible y se pueda acceder a ella realmente por cualquier ciudadano. Cajas y cajas de información que sólo un periodista pagado tiene tiempo de examinar o entender no es un derecho real. Nos permite garantizar el derecho a utilizar esa información acudiendo a licencias libres y con libertad de destino o finalidad, y eso podría hasta interesarle a la prensa para que no haya reclamos de propiedad de esa información o alegatos de uso indebido.

6.- INTEROPERABILIDAD: Una ley nos permite exigir que la información sea publicada en un formato libre, sin estar necesariamente amarrado a programas informáticos de alguna empresa en particular. Y esto no es una lucha rebelde contra Microsoft: es que son muchas las historias de información pública a la que no puede acceder ni el Estado porque se hizo en un sistema que ya nadie tiene.  La interoperabilidad es un deber esencial que debe de exigirse al Estado por medio de una ley.

7.- UNA LEY NO ES LA ÚNICA POLÍTICA PÚBLICA: Sí coincido con La Nación en que si hay un compromiso real con la transparencia, pueden diseñarse y ejecutarse otras políticas públicas. Por ejemplo, podría promover una política de datos abiertos inicial para ir estableciendo uniformidad, mejorar la presentación para facilitar la comprensión de información ya publicada como en el caso de presupuestos públicos, terminar de publicar la metodología que ya se trabajó para crear un índice de transparencia nacional o publicar un decreto en el que se exija que por lo menos en el Ejecutivo todas las actas deben de ser publicadas. Nada de esto se ha hecho según el informe de evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto y fueron compromisos del Plan de Acción del año 2013 que siguen pendientes.

Estas son solo algunas de las muchas razones por las que necesitamos una ley de acceso a la información pública que garantice, no que limite, ese derecho.

La desconexión ciudadana

El Gobierno es una estructura formal, que ha evolucionado con el paso de los años tratando de ser, cada vez más, una herramienta de mejor provecho para la ciudadanía.

Y sin embargo, hay constantes críticas, grandes retos por la complejidad de los intereses sociales diversos en juego y crecientes pérdidas de confianza. De hecho, según CNN, en EEUU la confianza en el Gobierno estaba en su punto más bajo histórico. Sólo un 13% de los encuestados indican confiar en el gobierno siempre o la mayoría del tiempo. Los datos de OCDE van en el mismo sentido globalmente. En nuestro país, entre el Estado de La Nación y el Tribunal Supremo de Elecciones han alertado sobre el alto abstencionismo.

Sin embargo, en el fondo la discusión no debería ser sobre la pérdida de confianza o la apatía electoral. El problema de fondo es la desconexión profunda entre la población y sus autoridades.

Hay una desconexión profunda entre ciudadanos y Gobierno, pero en vista de que sabemos que el Gobierno debe de resolver las cuestiones públicas, no nos queda más que seguir solicitándole que actúe.

Pero, ¿realmente esa es la única opción?

La Alianza para el Gobierno Abierto, lanzó en 2011 un nuevo reto: crear gobiernos más transparentes, y más dispuestos a la participativos y colaboración ciudadanas.

Este reto en apariencia es para los Estados, para sus Gobiernos, pero en realidad abarca a la ciudadanía.

Es cierto que se exige que haya cumplimiento de ciertos estándares, pero el objetivo realmente es crear gobiernos más abiertos no sólo para conocer así la información que producen, recolectan y almacenan, y su actuación constante, sino para involucrar a la ciudadanía en la fabricación y toma de decisiones.

Las Administraciones Públicas tienen enormes restricciones en la toma de decisiones, desde barreras legales (a veces sustentadas más en tradiciones legales más que en normas expresas) hasta financieras (con presupuestos rígidos y con una altísima impopularidad al aumento de ingresos).

Es ahí en donde el Gobierno Abierto viene a crear un espacio de diálogo permanente entre el Gobierno y la Ciudadanía. No como enemigos sino como contrapartes en un objetivo común.

Pero así como se le exige al Gobierno muchos cambios, incluyendo crear esos espacios de participación, la Ciudadanía debe aportar una participación de buena fe y con la aceptación de que es un proceso de cambio de mentalidades en los funcionarios públicos.

Algunos gobiernos nacionales y locales, poderes del estado, así como algunas instituciones y otros entes públicos han dado el cambio y han entendido que no hay marcha atrás. La interconexión, gracias a las redes de comunicación virtuales, no se detiene.

Han comprendido que el futuro no puede ser sino más transparente, más participativo y más colaborativo y lo que buscan es cómo lograrlo, apoyándose en las Tecnologías de Información y en otros medios no virtuales de participación presencial (esenciales mientras se reduce la brecha digital).

Pero otros aún tienen rechazos y objeciones. Más fundados en el desconocimiento que en una verdadera voluntad de ser opacos.

El reto es de los Gobiernos, cierto, pero como ciudadanos debemos dar el primer paso. Debemos acudir a las oficinas públicas a recordarles a los funcionarios que ellos también son ciudadanos y que todos, ellos y nosotros nos merecemos un Gobierno eficiente y transparente. Un Gobierno que les haga sentir orgullosos a sus funcionarios. Un Gobierno que de servicios públicos de calidad, oportunos y transformadores del tejido social.

En esta desconexión alguien tiene que tomar la iniciativa de romper el silencio y la distancia para crear puntos de contacto. No esperemos a que otros lo hagan.