Hay un capítulo muy triste de nuestra historia fiscal y se llama CODESA.
En 1972 se creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), que dio lugar a un experimento que se llamó el Estado Empresario, desarrollando actividades como Cementos del Pacífico, Cementos del Valle, Central Azucarera del Tempisque y Aluminios Nacionales, entre otras.
Las personas de edad más joven no recuerdan esta aventura que implicó miles de millones de colones en pérdidas, unos quince mil millones hasta su liquidación en 1996. Y no son colones de hoy, sino de colones de los años 90. Esas pérdidas se pagaron mediante bonos del Ministerio de Hacienda, es decir, se pagaron con deuda pública.
Veo con suma preocupación que este monstruo fiscal, hijo del desperdicio de fondos públicos, esté despertando de nuevo, ahora de la mano de la ausencia de transparencia.
Ya desde hace algún tiempo los Bancos Públicos y el Instituto Costarricense de Electricidad vienen participando de millonarios negocios por medio de fideicomisos, ante los que la Contraloría ha manifestado su preocupación por la separación de las normas de contratación pública que pueden estar implicando. Algunos casos concretos han sido discutidos por la Contraloría, pues el ICE sostenía su negativa a someter a refrendo de este ente contralor un contrato de fideicomiso.
Luego han venido las contrataciones de grandes negocios entre empresas públicas, evadiendo las normas de la contratación pública.
Conocemos el caso de la contratación de la ESPH por parte del Ministerio de Hacienda, para desarrollar e implementar el sistema de factura electrónica, habiendo girado invitación a RACSA y a la ESPH para que participaran en la contratación sin promover una licitación pública, basándose en una interpetación que hacen del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa para evadir la aplicación de esta ley.
Ahora el Registro Civil, sabemos que ha contratado las nuevas cédulas a un consorcio entre el ICE y una empresa privada, y se denuncia que hubo cambios en la contratación, ya adjudicada, que implicaron mayor costo.
Lo más preocupante de esto es que no ha habido suficiente transparencia y hay una actitud activa más bien de negarla.
Ha habido situaciones tan graves como la vinculación de una persona miembro de la Junta del BNCR y BICSA con una causa por presunta legitimación de capitales, la alerta del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de la vulnerabilidad de BICSA frente al lavado de dinero y la falta de transparencia generalizada del sector financiero costarricense, o la aparente estafa de Yamber, s.a., contra al menos un Banco Público.
Y sin embargo, se avanza en fortalecer la opacidad:
El ICE niega acceso a sus Estados Financieros del Sector Telefonía Móvil (y por ende RACSA), pretende confidencialidad sobre sus finanzas hasta el punto de llegar a demandar a la Contralora, Marta Acosta, por revelar información ante la Comisión Legislativa de Control y Gasto Público.
El BCR coloca barreras a la información pública que entrega, para que ésta no pueda ser analizada mediante herramientas informáticas con el amparo de la Sala Constitucional, la que además ha amparado el derecho del Banco Central, de ocultar bajo cuáles criterios es que se maneja la política pública de intervención oportuna en el mercado cambiario.
La ecuación es muy simple: Negocios con fondos públicos + Evasión de las normas de Contratación Pública + Actitud decidida de ocultamiento de la información.
El resultado no será otro que el que ha sido en el pasado. Y no podemos, de nuevo, cometer ese error.
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